El Instituto Catalán de Energía (ICAEN) está trabajando para electrificar los aparcamientos públicos.
El encuentro en la sede de Circutor, la semana pasada, fue una jornada sobre electromovilidad dirigida a entidades municipales y organismos públicos. La conclusión principal fue que la clave para asegurar el futuro de los vehículos eléctricos radica en la electrificación de los estacionamientos municipales.
Hace cuatro años, Europa se embarcó en una etapa de transición con la adopción del Pacto Verde Europeo, destacando la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental. Uno de los objetivos clave es reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990. Para alcanzar este objetivo, el compromiso de empresas como la nuestra es fundamental para construir un mundo más sostenible.
Es por esto que en Circutor apoyan espacios de diálogo como el mencionado. La reunión contó con la participación de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), el Instituto Catalán de Energía (ICAEN), el Clúster de la Energía Eficiente de Catalunya (CEEC), empresas como Enchufing, Estebanell, Boquet, Istem, Grupo Etra y la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE).
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 29/2021 en enero de 2023, todos los municipios con más de 50,000 habitantes deben adoptar medidas para promover la movilidad eléctrica. Lo mismo se aplica a cualquier estacionamiento público o de empresa con más de 20 plazas, que debe incluir al menos un punto de recarga por cada 40 plazas. En España, hay 1.5 millones de plazas de estacionamiento público, lo que implica que se necesitará instalar al menos 37,500 puntos de recarga.
"En Circutor, somos líderes en el ámbito de los vehículos eléctricos desde hace 15 años. Hemos estado involucrados en los proyectos municipales incluso antes de su definición", afirmó Alejandro Valdovinos, responsable de relaciones institucionales y prescripción en España y Portugal.
Para llevar a cabo una planificación coherente y efectiva para fomentar el coche eléctrico en un ayuntamiento u organismo público, es esencial establecer un Plan Director a medio plazo, con un horizonte de 5 años. Este plan, que contempla una serie de medidas, se traducirá en varios proyectos conectados, en lugar de ejecutar proyectos aislados.
Valdovinos subrayó las características cruciales que debe tener esta planificación: "debe basarse en datos confiables sobre la movilidad vehicular actual e incorporar la electrificación de flotas municipales propias, servicios municipales externos, edificios del ayuntamiento, cocheras de transporte municipal, estacionamientos públicos y puntos de recarga urbanos y periurbanos".
A través del Plan de Impulso de la Electromovilidad para Municipalidades, la ACM busca satisfacer las necesidades de los ayuntamientos. "Para muchos ayuntamientos pequeños, la instalación de puntos de recarga representa una inversión significativa. Nuestro objetivo es simplificar este proceso para facilitar las contrataciones y colaborar con el ICAEN para expandir la infraestructura del vehículo eléctrico, que prevemos seguirá creciendo en los próximos años", aseguró Víctor Torrents, director técnico de la ACM.
Ese evento en la sede de Circontrol, una empresa del Grupo Circutor, permitió exhibir los avances directamente desde la fábrica. Mejorarán la gama de cargadores de carga rápida Raption DC, incluyendo rangos de potencia superiores (80kW-160kW-240kW de doble conector CCS2), una pantalla táctil de 15’’, y características que garantizan la accesibilidad para personas con discapacidad, entre otras novedades.
Estos debates, como el que tuvo lugar en Circutor, donde las distintas entidades expresaron sus inquietudes, son vitales para avanzar en la descarbonización de la movilidad eléctrica y para cumplir con los objetivos fijados por la Comisión Europea para 2030.
SECORSA (SUMINISTROS ELÉCTRICOS CORDOBSES, S.A.) ha recibido una ayuda de la Unión Europea con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 (REACT-UE), para compensar el sobrecoste energético de gas natural y/o electricidad a pymes y autónomos especialmente afectados por el incremento de los precios del gas natural y la electricidad provocados por el impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.